Aprobar la ley jaguar es abrir un portillo a la corrupción

Inconstitucionalidad

El objetivo principal de la propuesta es dinamitar las atribuciones de la Contraloría General de la República (CGR) en materia de fiscalización de la Hacienda pública.

Reducir las competencias constitucionales del órgano contralor mediante una ley ordinaria, como se pretende a través del proyecto 24364, es desconocer parámetros y principios constitucionales que la propia Sala Constitucional le ha reconocido a la CGR y, por tanto, sus afrentas rozan la carta fundamental.

Gato encerrado

Para nadie es un secreto que el presidente de la República, Rodrigo Chaves, ha mantenido un pulso político e institucional con la Contraloría y la contralora, a la cual ahora pretende debilitar a través de su propuesta de un referéndum.

Conste que no actúa para allanar problemas del país que sean cotidianos a la gente o que se hayan dilatado en discusión a lo largo de los años sin acuerdos legislativos, como sería justificable.

Tampoco se trata de un ambicioso referéndum que convoque a la ciudadanía a zanjar un debate que beneficie su calidad de vida o la economía del país, busque reducir la desigualdad o la pobreza, impulse conquistas sociales o avances en materia ambiental, por ejemplo.

El famoso “jaguar” no es más que un desquite puro y duro contra el órgano de control que le recordó su deber de respetar la ley y seguir los procedimientos ordinarios. Si la administración hubiera tomado el camino correcto, con la normativa vigente, la Ciudad Gobierno (con la que estoy completamente de acuerdo) se estaría construyendo.

Portillo para los corruptos

Si se debilitan la Contraloría General de la República, la Ley General de Contratación Pública y la Ley General de Control Interno, se abre un peligroso acceso a la corrupción, la ineficiencia y el despilfarro de recursos públicos.

La propuesta pasaría los controles a posteriori e impediría que sean a priori; esto significa, en relación con la construcción de obra pública, examinar al paciente descompuesto hasta el momento en que se le haga una autopsia, en vez de salvarle la vida cuando aún se podía.

Referéndum al servicio de unos pocos

Se pretende someter al país al desgaste sobre un proyecto abiertamente improcedente, inconstitucional y que no beneficia al conjunto de la ciudadanía. ¿Quién o quiénes serán los grandes beneficiarios de desmembrar las potestades del mayor órgano de fiscalización de la Hacienda?

Debilitar a la Contraloría es debilitar el Poder Legislativo

La Contraloría es un órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa y su debilitamiento es, en la práctica, una invasión directa a las atribuciones del primer poder.

No voy a ceder ante las amenazas del presidente de exhibir y “quemar” a los diputados que no estén de acuerdo con su ocurrencia de turno. Estoy consciente de que para quien ya ha renunciado a gobernar, las formas se tornan cada vez más agresivas y escandalosas.

Mi posición no es ni fácil ni se tomó con calculadora en mano. No puedo aceptar que el miedo o las apuestas políticas a corto plazo ganen frente a mis convicciones.

Mi posición es cívica, patriótica y por la defensa de los valores democráticos que han cimentado nuestra institucionalidad y el sistema de pesos y contrapesos.

A pesar de lo dicho, dejo manifiesta mi preocupación sobre lo que pueda ocurrir a mediano plazo, ya que si el proyecto es declarado inconstitucional —como han advertido reconocidos juristas, un expresidente del TSE y asesores del presidente—, es posible que se desate la furia de Zapote, lo cual casi con seguridad apuntará hacia dos blancos más: el Tribunal Supremo de Elecciones y la Sala Constitucional, en un intento por debilitar la institucionalidad, como es su costumbre.

Confío en que la institucionalidad es y seguirá siendo más fuerte que un mal gobierno y su gobernante.

La autora es diputada.