Editorial: Sin duda, una democracia

En aquel momento, nuestro país tomó dos decisiones fundamentales para preservar el sistema democrático. Primero, creó el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) como cuarto poder de la República, con facultades suficientes para garantizar la pureza del sufragio. Al mismo tiempo, proscribió el ejército para alejar de nuestras tierras el espectro del golpe de Estado. Para mayor seguridad, dispuso el traslado del mando de la Fuerza Pública al TSE seis meses antes de los comicios.

En pocas décadas, Costa Rica conquistó altos índices de desarrollo humano y, si bien existen importantes contradicciones en nuestra sociedad y economía, seguimos a la cabeza de la región, en la buena compañía de Chile y Uruguay, en muchos indicadores de primera importancia.

Los éxitos hasta ahora no deben nublar la vista frente a los retos del presente y aun los retrocesos, pero poca relación guardan, unos y otros, con la institucionalidad creada para poner coto a la corrupción y fiscalizar el empleo de los recursos públicos. Nada de eso ha impedido las desviaciones de políticos inescrupulosos, pero vale la pena imaginar lo que sucedería en su ausencia.

No, una ley para permitir contrataciones públicas a dedo no es democrática, y un firme rechazo a la pretensión de un Ejecutivo desbocado es la más dilecta muestra de virtud republicana. La democracia no se defiende con la eliminación de los controles. Por el contrario, ese es el objetivo de los golpistas de todos los colores. Nadie dice no al Supremo, para recordar la nomenclatura de Roa Bastos.

La democracia se defiende con políticas sociales orientadas a reducir la desigualdad y avanzar en la lucha contra la pobreza, pero es difícil recordar una administración tan fría como la actual en materia de gasto social, entendido por el presidente Rodrigo Chaves como una ayuda para sacar adelante a quien tuvo un momento de mala suerte o sufre discapacidades, pero no como un arma frente a la pobreza estructural.

La democracia necesita, para sobrevivir, un sistema educativo vigoroso, capaz de imbuir a los alumnos de espíritu cívico y darles instrumentos para mejorar sus condiciones de vida, pero esta administración se distingue por profundizar la peor crisis educativa en 40 años y un constante recorte de recursos indispensables para rectificar el rumbo.

Uno de los elementos esenciales del pacto social costarricense es la provisión de servicios de salud de calidad a toda la población. Durante la campaña electoral, el candidato Chaves dijo tener soluciones expeditas para una de las más graves deficiencias desarrolladas por el sistema: las listas de espera. La inexistencia del plan pronto quedó en evidencia y, en días recientes, la presidencia ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social admitió el rotundo fracaso habido hasta ahora.

La infraestructura es vital para el desarrollo económico, sustento de la democracia, pero cuando se construye a dedo, suelen presentarse situaciones como la descrita por el propio presidente Chaves cuando destituyó a su ministro de Obras Públicas luego del otorgamiento de un contrato “a la medida”, es decir, a dedo y sin los controles normales dispuestos por ley, debido a la emisión de un decreto de emergencia totalmente anómalo.

Eso nos trae a la importancia del manejo probo de los recursos públicos para cimentar la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas, pero el caso del aeropuerto de Liberia no es el único motivo de preocupación en esta administración. La campaña política ofreció malos presagios con las estructuras paralelas de financiamiento y hay otros hechos llamativos, como los audios de la presidencia y las contrataciones en el Sinart.

La democracia se nutre del diálogo y la voluntad de entendimiento, pero el mandatario constantemente ofrece dinamitar puentes, reparte etiquetas de “energúmeno” o “nefasto” entre los diputados, y hace inadmisibles alusiones personales. Parecido tratamiento reciben otros sectores de nuestra sociedad.

Como si no fuera el presidente de la República, Chaves califica a Costa Rica como la “dictadura perfecta”. También sería la más original, porque en las tiranías el poder absoluto suele depositarse en el Ejecutivo, pero el mandatario asigna los designios autoritarios a quienes le impiden al Ejecutivo hacer su voluntad cuando la ley lo prohíbe.