Editorial
Aeropuerto La Aurora necesita despegar ya
Serán los resultados los que hablen de esta modalidad de manejo aeroportuario.
La remodelación del Aeropuerto Internacional La Aurora emprendida entre 2005 y 2007 quedó truncada, primero, por discursos populistas y miopes acerca de que se trataba de una inversión que solo beneficiaba a los “ricos”: una absurda estrategia de polarización cuya falsedad y lesividad sale hoy a la luz. Por esta puerta del país llegan y parten turistas, empresarios e inversionistas, pero también ciudadanos guatemaltecos migrantes en Estados Unidos que vuelven para ver a sus familias después de muchos años y se encuentran con un desastre de instalación, mucho peor que cuando se marcharon.
A esta torre de necedades se suma otro adefesio de negligencias, incapacidades e indicios de corrupción perpetrados por sucesivas administraciones de Aeronáutica Civil que poco o nada hicieron para transformar la infraestructura aeroportuaria. Pretextos sobraron, excusas abundan y el deterioro se agravó durante el período de siete años del anterior director, Francis Argueta, que a pesar de sus incumplimientos e ineficiencias fue avalado por el gobierno de Giammattei Falla para que siguiera durante cuatro años. Su fiasco de despedida fue la compra de gradas eléctricas y ascensores cuyas medidas no correspondían a las especificaciones necesarias. Por cierto, en este caso el Ministerio de Comunicaciones presentó una denuncia por fraude y abuso de autoridad; la Fiscalía efectuó una supuesta pesquisa el 24 de febrero y desde entonces no ha pasado nada.
Quizá anhelaba aquel funcionario que el anterior partido oficial se reeligiera gracias a la barahunta armada por la Fiscalía en contra del proceso electoral. Pero no ocurrió así y finalmente tuvo que irse. Dejó un aeropuerto plagado de los mismos problemas de tres lustros atrás: con baños en recurrente mal estado, sin aire acondicionado, discrecionalidad en contratos y plazas.
Por demasiado tiempo se ha relegado la imperiosa necesidad de transformar el servicio aeroportuario en La Aurora, según las exigencias de la aviación moderna, la alta demanda de pasajeros y los protocolos internacionales de seguridad. Por ello, hace sentido el anuncio presidencial de una licitación internacional para una alianza público-privada que se haga cargo de dicha infraestructura logística. Las otras opciones son proseguir con designaciones burocráticas o no hacer nada: ambas son prácticamente lo mismo.
Es vital la transparencia de este proceso, las reglas claras y la apertura para competidores de todo el mundo, con experiencia en administración de aeropuertos. El Estado no dispone de los recursos económicos ni de la experticia para una inversión de este tipo, pero debe propiciar la mejora para bien de la competitividad turística y una calidad digna de servicio para todos los pasajeros.
No faltarán posturas farisaicas, sobre todo de facciones que utilizan el populismo como falacia —que no argumento— o la invocación de supuestos nacionalismos, a los cuales, paradójicamente, les importa poco que sean connacionales quienes más padezcan las deficiencias aeroportuarias. En todo caso, existe el fundamento legal para intentar esta solución, largamente recomendada en varios estudios. Queda claro que no se hizo antes porque primaron oscuros negocios, incluyendo posibles trasiegos y concesiones a dedo que implicaban riesgos para la seguridad nacional e internacional. Serán los resultados los que hablen de esta modalidad de manejo aeroportuario. Guatemala no es el primer país en manejar una instalación de este tipo bajo un modelo mixto, pero no debería ser el último. Países centroamericanos ya se nos han adelantado y no solo hay que alcanzarlos, sino rebasarlos.