Hay dos palabras que se posicionan fieramente en los intereses del gobierno: contrataciones públicas. Se han convertido en una obsesión; en el fin de la administración. La ferocidad con la que intentan concretar ciertas contrataciones es tan exagerada que es posible notar y comparar cuán desamparados están los planes para resolver problemas sociales como pobreza y desempleo, la ola de criminalidad o la decadente calidad de la educación pública.
La pasión por contratos llega al extremo de que la ley jaguar es su caballo de Troya para debilitar los controles de la Contraloría General de la República, a la cual se le anularía su potestad de revisar concursos, detectar sobrecostos y hasta indicios de corrupción antes de cada negocio.
La ley se resume a contratar, a dedo, al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para que reclute empresas que construirán la Ciudad Gobierno con el fin de que luego el Ejecutivo tome en arriendo los edificios hechos en terreno estatal. Es un proyecto de $450 millones con el Banco, el mismo que dona, cada año, $1 millón a la presidencia. Con el primer millón, Zapote ordenó al BCIE contratar $405.000 en servicios de comunicación y, sorpresivamente, el contrato lo ganó un asesor presidencial que redactó los requisitos del concurso.
La manía por contratos se evidenció en el Sinart. Allí, la presidencia metió las manos para concentrar millones en pauta estatal y asignarla a los medios y las páginas de Facebook que hablan bien del gobierno. La fijación por contratos llevó a la presidencia —algo inusual— a negociar precios con constructoras para reparar la pista de Liberia, y al final el contrato resultó en sobrecostos de ¢1.000 millones.
La presidencia también atendió personalmente a la constructora mexicana Tradeco, interesada en el contrato de $156 millones para terminar Limonal-Barranca. Además, incitó a ciudadanos a presionar a diputados a aprobar un crédito de $700 millones con los cuales contratos por $161 millones se adjudicarán sin pasar por la Contraloría.
Esta chifladura de la presidencia por los contratos públicos, al punto de llamar a referéndum para conseguirlos, es curiosa y perversa, porque el gobierno relega a segundo, tercer o cuarto plano la solución de los problemas sociales.
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