Un trámite impide subastar casa del Palidejo 13 años después de haber sido decomisada

Un detalle legal ha causado que la casa del sospechoso de narcotráfico Alejandro Jiménez González, alias Palidejo, lleve 13 años en manos del Estado sin ser subastada.

La edificación está a nombre de una sociedad en la que participan los papás y la esposa de Jiménez, quienes están en fuga desde hace más de una década. Mientras no se les notifique personalmente del remate, la propiedad seguirá vacía y deteriorándose.

La vivienda, de dos plantas, cuenta con seis cuartos, seis baños, dos salas, piscina, rancho, detalles en fina madera de cristóbal y acabados de mármol.

Se localiza en el residencial Altos de Montenegro, en Canoas de Alajuela, y está en poder del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) bajo la modalidad de capitales emergentes; esta es una figura aplicada por el Ministerio Público sin necesidad de un proceso penal cuando se sospecha que una persona no puede demostrar el origen lícito de sus bienes.

En el 2011, la casa fue decomisada como parte de la investigación contra el Palidejo por legitimación de capitales en Costa Rica.

Desde el 2016, el sujeto cumple 50 años de cárcel en Guatemala por el homicidio del cantante argentino Facundo Cabral, ocurrido en el 2011.

En el 2014, la propiedad –de 597 metros cuadrados– estuvo en venta por ¢465 millones, pero ante la falta de oferentes su precio bajó a ¢313 millones un año después. En enero del 2016, Hacienda la valoró en ¢313,8 millones, y en setiembre del 2017 su costo bajó de nuevo a ¢226,7 millones, en el último avalúo que se realizó.

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Fernando Ramírez, director del ICD, afirmó a La Nación que además del costo, una de las razones por las que nadie compró el bien en aquel momento fue por el estigma que supone residir en una casa donde alguna vez vivió un presunto narcotraficante.

Después de la fallida venta, la Fiscalía abrió en el 2018 el procedimiento por capitales emergentes ante el Juzgado Contencioso Administrativo, lo que le permitiría al Estado adueñarse de la casa incluso aunque prescribiera el expediente 10-004272-0057-PE, llevado contra el Palidejo, sus padres y su esposa por legitimación de capitales.

Dicho procedimiento implicaba notificar a la esposa y a los suegros de Jiménez, pues la casa está a nombre de una persona jurídica representada por ellos.

Pero para las autoridades ha sido imposible localizarlos, lo que paralizó el proceso de capitales emergentes y le impidió al ICD vender la propiedad, cuyo mantenimiento le cuesta al Estado ¢735.720 al mes.

Este dinero sale de intereses generados por certificados de depósitos a plazo colocados con dinero decomisado al crimen organizado o de los ingresos por las subastas de casas de narcotraficantes.

“Se nos entregó el bien que ya estaba en depósito judicial provisional en el ICD, que inicialmente era en el proceso penal, pero al pasar a capitales emergentes se nos dio la instrucción, por parte de la jurisdicción Contencioso Administrativa, de que el bien debía inmovilizarse. Esto significa que debíamos custodiarlo hasta tanto se resolviera la situación jurídica que había sido incoada por el Ministerio Público”, señaló Ramírez.

Según el director, esta es la única casa “congelada” en un proceso de capitales emergentes, junto a ¢1.000 millones, $11 millones, 17.000 euros y cuatro vehículos de otros procesos.

Esta semana, el ICD superó otro obstáculo que tenía para vender esta y 30 propiedades más arrebatadas al narcotráfico, tras publicarse el reglamento que le permite adecuarse a la nueva Ley General de Contratación Pública, aprobada en el 2022.

Esos bienes se subastarán a través del sitio web del ICD, disponible para oferentes con firma digital.

Para evitar que la propiedad caiga otra vez en manos del crimen organizado, el comprador será sometido a un estudio por parte de la Unidad de Recuperación de Activos y, además, deberá firmar una declaración jurada y entregar su hoja de delincuencia.

Reforma necesaria

El jerarca del ICD explicó que, además del reglamento, la institución también espera que los diputados aprueben el expediente 22.834, para facilitar que el Estado se apodere de activos provenientes del narcotráfico.

Entre varias reformas a la Ley Contra la Delincuencia Organizada, el plan incluye que el proceso por capitales emergentes continúe incluso sin notificar personalmente a los dueños de la casa; bastaría con avisar por un medio señalado en algún proceso anterior o en el domicilio que aparezca registrado.

El proyecto también pretende otorgarle a la Contraloría General de la República (CGR), al Ministerio de Hacienda, al ICD y al Ministerio Público la potestad de solicitar el congelamiento de bienes de origen dudoso incluso antes de iniciar el trámite de capitales emergentes.

El objetivo es evitar que el dueño del bien lo ceda u oculte apenas sea notificado. Las instituciones demandantes tendrían un mes para presentar la denuncia formal; en caso contrario, el bien sería devuelto a su dueño.

Además, el ICD podría vender un bien de forma anticipada, si lo considera necesario para evitarle mayor gasto al Estado por mantenimiento.

Si el Juzgado determina luego que el bien sí fue obtenido de forma legal, el propietario sería indemnizado por el monto por el que fue vendida la propiedad.

“Esta es una diferencia muy grande, porque nos permite no tener que invertir tanto dinero en la conservación y administración del bien, sino que podemos disponerlo y recibir un dinero producto de esa venta”, señaló Ramírez.

Este expediente ya había sido aprobado en primer debate en mayo, pero un día después los diputados retrocedieron el trámite, por lo que deberá discutirse en primer debate por segunda vez.

Gilbert Jiménez, diputado del Partido Liberación Nacional (PLN) y presidente de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, explicó a este medio que el proyecto fue devuelto a comisión para analizar un texto sustitutivo y asegurarlo jurídicamente.

Uno de los mayores puntos en discusión es la creación de un umbral del incremento de capital que podría ser denunciado.

El proyecto aprobado en mayo establecía un umbral de $50.000, es decir, cualquier incremento menor a ese monto no podría ser objeto de proceso por capitales emergentes.

No obstante, las discusiones giran en torno si ese umbral debe bajar a $10.000, si se debe definir con el salario base o si debe existir del todo, explicó Jiménez.

“El proyecto avanza con un ritmo acelerado y razonable, y buscando consenso para que sea ley lo más rápido posible”, aseguró el legislador.