Mediante la figura de medida de libertad condicional, el guatemalteco Sergio Fernando Cifuentes, de 43 años, alias el Gordo, y quien fuera concejal de Zacapa, extraditado el 30 de marzo del 2023 a Estados Unidos, salió de prisión en mayo último, pero permanece bajo estricta vigilancia en ese país por las autoridades competentes.
Karen Xiomara Ovalle Madrid, esposa de Cifuentes Sagastume, en la actualidad es la alcaldesa de Zacapa.
Desde su extradición y su respectiva liberación condicional, Cifuentes Sagastume estuvo cumpliendo su condena en una prisión estadounidense por un período de 14 meses, aunque en Guatemala ya estaba recluido desde el 2017, luego de girarse una orden de captura, ya que lo requería la Corte Distrital para el Distrito Sur de California, por los cargos de “conspiración para poseer con intención de distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, a bordo de un barco a la jurisdicción de los Estados Unidos”.
Como uno de los antecedentes, es que el 17 de noviembre del 2017, el sindicado fue presentado ante un juez guatemalteco, pero en esa ocasión se negó a ser extraditado a Estados Unidos, siendo hasta marzo del 2023, cuando fue enviado a la Corte Distrital que lo juzgaría.
Cifuentes Sagastume había sido arrestado el 3 de noviembre del 2017 por elementos de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) y agentes fiscales del Ministerio Público, en el kilómetro 139.3 ruta al Atlántico.
Sus conexiones
Las autoridades le daban seguimiento a el Gordo, ya que el 21 de agosto del 2017 evadió su captura al no presentarse a una sesión como miembro del concejo de la Municipalidad de Zacapa.
En las elecciones generales del 2015 fue electo como concejal primero por medio del Comité Cívico “El Cambio”, con el alcalde Julio Alberto Enríquez Sánchez, quien murió por heridas de arma de fuego al ser emboscado el 17 de marzo del 2018 en una de las calles céntricas de la aldea La Majada y a escasos metros de su vivienda.
Entre sus activos públicos en Guatemala, Cifuentes figuraba como propietario de la firma constructora Guayacán, y tenía como domicilio en la colonia Pocara, Zacapa.
Parte de su sindicación era la relación que mantenía con compradores mexicanos, ya que también fueron aprehendidos Érick Alexander Granados García y Beatriz Cristina Barreiro Quiñónez, quienes también eran requeridos por la misma Corte Distrital de EE. UU., con acusaciones de que los tres eran miembros de una organización que se dedicaba al tráfico de drogas en la región centroamericana.
Entre los señalamientos era que los tres “en asociación ilícita con compradores en México son responsables de entregarles cocaína para su posterior transporte hacia territorio estadounidense”.
Parte de la carpeta investigativa muestra que en diciembre del 2016 y en marzo del 2017 fueron interceptadas embarcaciones en aguas internacionales con alrededor de 866 y 855 kilos de cocaína.