Excatedrático despedido por acoso sexual demanda a UCR por ¢500 millones

El pasado 26 de abril, Salas Solís, de 54 años, interpuso una demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, en la que pide que se deje sin efecto su destitución y se le indemnice con el pago de ¢500 millones por el daño económico y moral, así como por los perjuicios causados.

Incluso, su abogado, Boris Molina Mathiew, pidió que se le reinstale de manera inmediata en el cargo, como medida cautelar, mientras se resuelve el proceso. Sin embargo, el lunes 27 de mayo, la jueza Cindy Chavarría Hernández declaró sin lugar la solicitud, según consta en el expediente N.° 24-002644-107-CA.

En la demanda, el defensor Molina Mathiew alegó que el excatedrático fue víctima de un despido ilegal, producto de “un largo proceso de discriminación y persecución laboral”, “de actos administrativos nulos y continuados”, y de una “violación sistemática a los derechos constitucionales y humanos”.

Insistió en que la destitución no procedía porque el caso de acoso ya estaba prescrito cuando se denunció y nunca hubo notificación por parte de las autoridades universitarias.

La rectoría de la UCR ordenó la destitución el 9 de mayo del 2023, casi cuatro años después de que se inició el proceso disciplinario luego de que el semanario Universidad publicara, en mayo del 2019, las denuncias de diez estudiantes y exestudiantes que afirmaron haber sufrido insultos y acoso sexual por parte de Mainor Salas.

Esa fue la segunda sanción por hostigamiento sexual que recibió Salas Solís. En agosto del 2015, había sido castigado con una suspensión de ocho días, sin goce salarial, por acosar a una estudiante. En esa ocasión, el hecho fue catalogado como grave.

Ante el Tribunal Contencioso, el excatedrático no solo demandó a la UCR, sino que también a seis funcionarios o exfuncionarios de la casa de estudios, a título personal. Les atribuye haber formado parte de una “larga cadena de hechos arbitrarios”, a lo largo de cinco años, con la finalidad de despedirlo “a como diera lugar”.

Se trata de Gustavo Gutiérrez Espeleta, rector de la UCR; Alfredo Chirino Sánchez, exdecano de Derecho; Marcena Moreno Bujan, actual decana de Derecho; Carlos Araya Leandro, exrector de la UCR; y Nacira Álvarez Espinoza.

Además, Mainor Salas demandó a la periodista Hulda Miranda Picado, quien desde el semanario Universidad develó el caso y publicó las denuncias de una decena de estudiantes. Según Salas Solís, desde esas publicaciones comenzó la persecución de la UCR en su contra.

“Mainor Salas Solís ha sido agraviado por la prensa en este país por muchos años, de manera desproporcionada e irracional. Él no es una figura pública, un político, una celebridad o similar. Su cacería mediática esconde motivos que nunca se han informado adecuadamente. Esta persecución en los medios de comunicación y redes sociales —por ejemplo, estas nuevas notas en su contra—, es parte del grave daño moral y profesional que se alega en los Tribunales de Justicia.

“Por ese motivo, no podemos referirnos al tema específico, pues es prueba esencial en procesos legales activos. Somos respetuosos y confiamos plenamente en nuestro sistema de justicia”, declaró el abogado de Salas, Boris Molina Mathiew, ante una consulta de este diario, el viernes 7 de junio.

La rectoría de la UCR, por su parte, indicó que fueron notificados de la demanda el pasado 6 de mayo y, al igual que Molina Mathiew, será respetuosa de la institucionalidad judicial.

“Será en estrados judiciales donde se determine si el procedimiento llevado a cabo y el despido final del ahora exdocente resultan o no ilegales. Por lo pronto, no existe hasta este momento ninguna resolución jurisdiccional que haya concluido que el despido del señor Mainor Salas Solís no se efectuó con apego a las garantías constitucionales y a nuestro marco legal y reglamentario”, detalló la rectoría en un correo electrónico, ante una consulta de La Nación.

¿Por qué se le despidió?

El semanario Universidad dio a conocer que, en el 2015, Mainor Salas fue sancionado con una suspensión de ocho días por escribirle a una estudiante de 20 años, en un mensaje de Facebook: “Quiero verte en calzones”, además de solicitarle fotografías en ropa interior, entre otras manifestaciones.

Universidad consignó otros nueve relatos de estudiantes, exestudiantes y egresadas de la UCR, quienes aseguraron haber sufrido acoso sexual e insultos por parte de Salas en los últimos años.

Según ellas, escucharon al catedrático expresarse con un vocabulario obsceno, en el cumplimiento de sus funciones.

Salas laboraba tiempo completo para la UCR (medio tiempo como docente y otro medio tiempo como investigador universitario).

Luego de esa publicación, dos de esas alumnas acudieron a las instancias formales de denuncia en la universidad. Una tercera estudiante, quien no formó parte de ese primer grupo, se unió a denunciar los hechos.

Uno de esos casos es el de una exalumna de apellido Hernández, quien denunció a Salas, en noviembre del 2019, por presuntos insultos, frases obscenas y proposiciones sexuales.

Por ese caso, la Sala Constitucional condenó a la UCR, porque en agosto del 2021 el académico seguía sin haber sido informado formalmente del proceso.

La falta de notificación ocasionó que la denuncia de Hernández permaneciera engavetada durante año y medio, hasta que ella planteó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional.

Los magistrados le dieron la razón y, en la fecha antes mencionada, ordenaron a la UCR notificar a Salas en un plazo máximo de 15 días, para que el proceso finalmente pudiera avanzar.