Con la resolución más reciente de la Corte de Constitucionalidad (CC) que deja en suspenso los estudios de diagnósticos para saber cómo los alcaldes tratan las aguas residuales, suman ya ocho decisiones en favor de los ediles durante 18 años, desde que se aprobó el acuerdo gubernativo 236-2006, Reglamento de las Descargas y Reúso de Aguas Residuales y de la Disposición de Lodos.
Los alcaldes tenían hasta el 30 de mayo último para presentar sus informes ante el ministerio de Ambiente. Sin embargo, ante la acción de inconstitucionalidad que presentó la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) y que la CC resolvió a su favor, queda suspendido el cumplimiento con lo establecido en dicho reglamento.
El presidente la Anam, Sebastián Siero, afirmó que la intención no es impedir que se les soliciten los estudios ambientales, sino que se derogue el acuerdo y que se elabore uno nuevo, donde se estipule nuevas fechas para el cumplimiento de metas, principalmente para concluir la construcción de las plantas de tratamiento. Dijo que es “imposible” cumplir con las fechas establecidas en la normativa porque las comunas carecen de fondos.
“No pedimos la prórroga del acuerdo porque solo es alargar el problema, queremos que se derogue y que se elabore uno nuevo. El acuerdo actual fue creado en el 2006, desde el gobierno de Óscar Berger y es imposible que se cumpla”, señaló.
Agregó que el problema no es efectuar los estudios, sino permitir que entren en vigor lasfechas establecidas en la normativa. Explicó que construir dicha planta tiene un costo de Q20 millones.
Ejemplificó que “aunque la comuna de Santa Catarina Pinula destine el 100 por ciento de su presupuesto, no pague salarios y servicios, no tendría lista la primera planta de tratamiento en 2025. La tercera fecha está fuera de la realidad porque dice que para 2027 hay que tener el 66 por ciento de las dos plantas”.
En su cuenta de X, la ministra de Ambiente y Recursos Naturales, Patricia Orantes, aseguró que 250 municipalidades cumplieron con entregar los estudios que estipula el reglamento. Siero la contradice y aseguró que “los datos de la ministra son falsos”, pues si bien hay alcaldes que presentaron los diagnósticos, lo han hecho durante los 18 años, desde que se aprobó el reglamento y muchos informes están vencidos.
“Si mucho hay unas 150 municipalidades que tienen vigentes esos estudios, pero solo es un estimado porque ni el ministerio tiene los datos exactos”, afirmó.
El jefe edil refiere que hay alcaldes nuevos que, aunque hubiesen hecho las contrataciones para elaborar los estudios, el tiempo no les permitía entregar los resultados antes del 31 de mayo.
Por esa razón, Siero afirmó que se había llegado a un acuerdo con la ministra de Ambiente, quien se comprometió a prorrogar la entrega de los diagnósticos hasta el 31 de diciembre de este año y a cambio ellos, no presentaría la acción de inconstitucionalidad.
Siero sostiene que con la resolución de la CC no se afecta el medio ambiente, por el contrario, se evitó que los proyectos se estancaran, pues de estar vigente el reglamento, “seguramente” alguien hubiera presentado acciones legales en contra de las municipalidades que no cumplieron con la entrega de los estudios sobre el tratamiento de aguas residuales, y eso hubiera creado un “entrampamiento legal” para que se construyeran las plantas más adelante.
“Es como cuando se denuncian anomalías en la construcción de una carretera, el proyecto se suspende porque se judicializa y no se puede continuar”, explica.
Solo ellos incumplen
Luis Ruano, excomisionado de asuntos municipales durante el gobierno de Alejandro Giammattei, lo establecido en el reglamento para el tratamiento de aguas residuales se cumple en condominios, instituciones gubernamentales, empresas de la iniciativa privada y” los únicos que no cumplen son los alcaldes”.
“La primera prórroga del acuerdo que se creó fue en el 2008, posteriormente en el gobierno del Partido Patriota y así cada vez que el plazo está por terminarse piden otra prórroga y siempre dicen que no tienen fondos, entramos a un juego en el que cada cuatro años piden pelo”, resaltó.
Ruano dijo que, en la última prórroga, se les propuso a los alcaldes “una ruta con diferentes acciones para que cumplieran la normativa de manera escalonada”, fue así como se acordó que para mayo debían presentar los estudios respecto a cómo descargan las aguas residuales en los municipios.
“No es cierto que no hay fondos, en el artículo 112 de la ley de presupuestos de 2023 se dejaron previstas las transferencias de gobierno hacia las municipalidades y estas las podían utilizar en estudios, algunos la usaron y otros no”, afirma.
Ruano recuerda que se reunió con alcaldes de distintas regiones e hicieron un diagnóstico sobre las obras que priorizaban, aunque se percataron que la construcción de plantas de tratamiento no estaba dentro sus planes.
A decir del excomisionado, si la CC dejara en firme la resolución, se pone en riesgo el medio ambiente, debido a que no existe otro instrumento legal para obligar a tratar las aguas residuales.
“Es dejar abierta la puerta para que se tiren los desechos a los lagos, ríos y hagamos pedazos el río Motagua, porque no hay reglamento que los obligue a cumplir una norma”, afirmó.
Ruano recomienda que la Anam cumpla su función y otorgue acompañamiento a los alcaldes para diseñar estrategias y tengan acceso a fondos e infraestructura.
Sin respuesta
Se buscó una postura por medio de la oficina de Comunicación Social del ministerio de Ambiente, pero no fue posible. Sin embargo, en su cuenta de X, la ministra de Ambiente, Patricia Orantes reconoció que hay municipalidades que no tienen recursos y los instó a “trabajar de la mano” con el ministerio.
“La falta de plantas de tratamiento es una de las principales causas de contaminación de ríos”, señaló.
Según Orantes, el 75% de las municipalidades cumplió con entregar sus informes, que servirán para determinar el tipo de agua que vierten en los ríos y para estimar el nivel de inversión pública para contar con sistemas de tratamiento de aguas.
La resolución de la CC según la funcionaria, “atenta con los esfuerzos para rescatar ríos y lagos y llevar el bienestar a la población”.
“No parece haber coherencia entre la acción de la Anam y el compromiso que demuestra la gran mayoría de alcaldes. Daremos una batalla legal fuerte para defender el derecho humano”, puntualizó.
En su cuenta de X el diputado, Samuel Pérez dijo que los alcaldes de todo el país tienen la oportunidad de trabajar junto a la ministra de Ambiente Patricia Orantes en la “protección de los ríos y bosques para que el agua llegue a todo el pueblo de Guatemala”.