Desde este martes, 4 de junio, la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) suspende el registro del valor de multas de tránsito captadas por 39 radares instalados en diferentes carreteras del país. No obstante, la institución no especificó en qué vías o sectores se aplica esta medida, pero sí indicó que son los dispositivos que corresponden a los contratos con los consorcios Seviecu y Ecutransit.
La decisión surge luego de que ante una alerta de presuntas irregularidades en el concurso y manejo de los radares a nivel nacional, José Julio Neira, secretario general de Integridad Pública, dispusiera tres acciones que involucran a las instancias de control del Estado ecuatoriano.
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El 4 de mayo del 2023 la CTE lanzó el proceso para que empresas privadas instalen radares en todas las vías del país, ya que la institución aparentemente no tenía la capacidad técnica y económica para poner los equipos.
Este contrato de delegación de radares en las vías estatales del país fue gestionado en el Gobierno anterior y, según el régimen actual, se elaboró en un tiempo récord para la contratación pública (42 días) inobservando las normativas legales vigentes.
Y por eso la Secretaría General de Integridad Pública pidió al contralor general del Estado un examen especial para determinar responsabilidades de los funcionarios del Gobierno anterior involucrados en este proceso.
Al procurador general pidió activar el control de legalidad del contrato para adoptar las acciones judiciales necesarias en defensa de los intereses nacionales. Y a la CTE solicitó que tome acciones legales y contractuales para evitar que se siga perjudicando a los usuarios.
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En un comunicado emitido la tarde de este martes, la entidad de tránsito señaló que solicitará a la Contraloría que realice a la brevedad posible un examen especial al referido concurso de delegación a gestores privados y a los respectivos contratos.
Según ha señalado el Gobierno, esta situación ha beneficiado a dos consorcios: Seviecu y Ecutransit. (I)