EDITORIAL
Saboteos a elección deben ser rechazados
La administración de justicia tiene enormes retos que no solo tienen que ver con la cobertura geográfica de juzgados, sino con la calidad de gestión de los jueces de todas las ramas.
Suman ya cinco los amparos en contra de la convocatoria a elección de magistrados de Corte Suprema y salas de Apelaciones para el período 2024-2029, algunos de los cuales debieron ser rechazados in limine, dadas sus irrisorias pretensiones; no obstante, recibieron trámite en la Corte de Constitucionalidad. De entrada, es repudiable todo intento, pretexto o saboteo —bajo estratagemas supuestamente legales— a la calendarización de actividades que concluirán en la toma de posesión de nuevas autoridades, el próximo 13 de octubre, para comenzar un período constitucional completo.
El Consejo de la Carrera Judicial cumplió con su deber al anunciar el final del período de la actual Corte Suprema de Justicia, que asumió en noviembre del año pasado gracias a las truculentas dilaciones del Congreso de la República bajo las presidencias de Allan Rodríguez y de Shirley Rivera, en la legislatura pasada. Pudieron elegir desde mediados del 2020, mas no lo hicieron, porque les quedaba cómoda y afín la anterior CSJ, que rebasó los nueve años en funciones. Solo porque ya era demasiada la desfachatez, la Corte de Constitucionalidad ordenó elegir, pues el círculo vicioso amenazaba con hacerse espiral. ¿Por qué no lo hizo antes? Es una buena cuestión para evaluar cómo gestionaron esta tardanza.
En todo caso, se solucionó el entuerto y los diputados, muchos de ellos salientes, eligieron nueva CSJ en menos de un mes, demostrando así la vacuidad de sus pretextos y saboteos previos. La lección ha sido dura para la institucionalidad y no debería volver a repetirse el cuadro de anomalías que condujo a tal prolongación de funciones por falta de magistrados electos. Si la CC señalara algún asunto formalista a corregir, debe hacerlo cuanto antes, para que el Congreso lo haga de igual forma.
En el 2014 y en el 2019, el principal saboteo a la elección de cortes fueron las negociaciones oscuras, los cabildeos a escondidas y la intromisión de negociadores cuyos tráficos de influencias se ven a lejos. Hay casos judiciales por corrupción contra exfuncionarios de los últimos tres gobiernos, que no sería raro el intento de colocar alfiles en posiciones de decisión judicial para intentar librarlos. Si ya en este momento hay sospechosas decisiones de sobreseimiento de cargos y acuerdos laxos de aceptación de cargos, cabe suponer que hay interés en colocar en salas de apelaciones a facilitadores de tales tratos aviesos.
La administración de justicia tiene enormes retos que no solo tienen que ver con la cobertura geográfica de juzgados, sino con la calidad de gestión de los jueces de todas las ramas, comprometidos con el estado de Derecho, las garantías constitucionales y el fortalecimiento de la seguridad pública. A menudo, cuando existen hechos criminales de alto impacto mediático, los reflectores suelen apuntar a las autoridades policiales, pero también debe enfocarse la atención y el análisis en la percepción de impunidad generada por procesos judiciales lentos, aplicación discrecional de las leyes y uso de las suspensiones de audiencias, recusaciones y excusas de inasistencia como disfraces del litigio malicioso.
Los tres presidentes de los organismos del Estado coinciden en la imperiosa necesidad de procurar el respeto y la recuperación del período constitucional de las autoridades del Organismo Judicial. La integración de comisiones de postulación debe seguir su curso, con transparencia, publicidad, alta participación del Colegio de Abogados y de decanos universitarios que aseguren el profesionalismo y objetividad del proceso. Para ello, la CC no debe permitir ninguna dilación que ponga en riesgo el relevo que se debe dar exactamente en cuatro meses y 10 días. No después.