El desarrollo económico mundial enfrenta dos requerimientos que deberían complementarse, pero que a veces se enfrentan: por un lado, la necesidad de facilitar el intercambio de bienes y servicios entre diversos países; y, por otro, la necesidad de asegurar y hacer efectivos los pagos de los impuestos, tasas y cargas tributarias que derivan del poder tributario de cada nación.
En la columna anterior, mencionamos la importancia de los convenios para evitar la doble imposición internacional. Ahora conviene mencionar la existencia de los convenios multilaterales para prevenir la erosión de las bases fiscales y el traslado de beneficios.
Estos convenios responden al interés de combatir las estrategias de evasión y elusión fiscal que se han identificado en los ámbitos internacionales, donde algunos actores económicos buscan obtener beneficios patrimoniales indebidos.
Así fue como los Estados que conforman el Grupo G-20 (foro de cooperación económica internacional compuesto por las 20 economías más importantes del mundo), solicitaron a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la ideación de un instrumento internacional para evitar que las actividades económicas y productivas transnacionales se utilizaran para la elusión o evasión fiscal a través de la erosión de las bases imponibles y el traslado de beneficios de un lugar a otro, fenómeno conocido por sus siglas en inglés como BEPS (Base Erosion and Profit Shifting).
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La intención de un convenio de este tipo es fortalecer la cooperación internacional para lograr el tratamiento adecuado de las operaciones económicas transfronterizas, así como reducir los espacios para el desarrollo de complejos esquemas elusivos y evasivos que erosionan las bases imponibles. La idea es que los procesos productivos sean gravados de conformidad con el sistema tributario de cada país.
Cabe resaltar que el instrumento final, denominado “Convención Multilateral para Aplicar las Medidas Relacionadas con los Tratado Fiscales para Prevenir la Erosión de las Bases Imponibles y el Traslado de Beneficios” fue suscrita por Costa Rica en el año 2017; aprobada en 2019 por la Asamblea Legislativa (Ley 9751) y ratificada mediante Decreto Ejecutivo No. 42343-RE en el 2020.
Ricardo González es abogado y columnista de Economía en La Nación. Archivo:
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