Según Rosa Monge, presidenta de la Unidad de Rectores de las Universidades Privadas de Costa Rica (Unire), el 50 % de los estudiantes universitarios acude a instituciones de enseñanza privada. Son aproximadamente 55.000 alumnos cuya formación no habría sido posible en los centros públicos de enseñanza superior.
No todas las universidades privadas ni todas las carreras impartidas en sus aulas tienen la calidad deseada, pero la mayoría cumple la obligación de graduar profesionales tan competentes como los egresados de las instituciones públicas de educación superior. La demostración está en el ejercicio profesional de infinidad de graduados.
Como en la medicina y en los primeros niveles del sistema educativo, la participación privada ensancha las oportunidades y alivia la presión sobre las instituciones públicas, incapaces de satisfacer tantas exigencias. No obstante su innegable aporte, las universidades privadas todavía encaran prejuicios enraizados en una mentalidad estatista incapaz de imaginar soluciones de otro tipo aunque las tenga enfrente.
El prejuicio ni siquiera se conmueve ante la altísima calidad y prestigio de grandes casas de enseñanza superior privada en todo el mundo, generadoras de investigación de primera línea en todos los campos, para provecho del resto de la comunidad académica internacional.
Hace un par de semanas, La Nación publicó un reportaje sobre la preocupación manifestada por las universidades privadas por la deficiente formación de los estudiantes de primer ingreso. El apagón educativo, del cual todavía no salimos, gradúa bachilleres con serio rezago en ciencias, matemáticas y lectoescritura. Muchos centros de enseñanza particulares ofrecen cursos de nivelación gratuitos para evitar a los estudiantes la frustración del fracaso en el primer año.
Al pie de la nota, algunos comentarios de los lectores delataban el prejuicio. Personas seguramente enteradas de las dificultades de la enseñanza primaria y secundaria públicas, de pronto asumieron, implícitamente, su defensa mediante el cuestionamiento de la enseñanza superior privada.
Los centros de enseñanza superior públicos habían planteado, poco antes, las mismas quejas y soluciones. No obstante, si la alarma viene del sector privado, es mejor fingir la inexistencia del problema denunciado y reclamar el “atrevimiento” de sus denunciantes. ¿Cómo se les ocurre reclamar la mala calidad de la educación pública básica? El problema solo existe si lo reclaman las instituciones estatales de enseñanza superior.
Armando González es editor general del Grupo Nación y director de La Nación.