A contraluz
La batalla por las cortes
La cleptocracia trata por todos los medios de evitar perder el control del Organismo Judicial.
Por mandato constitucional, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y las cortes de Apelaciones deben renovarse el próximo 13 de octubre. Esa situación la dejó muy clara la Corte de Constitucionalidad (CC), en el sentido de que los actuales magistrados solo deben finalizar el período 2019-2024. Sin embargo, ese proceso comienza a complicarse por una sencilla razón: la cleptocracia y sus aliados se niegan a perder su bastión judicial en el que han reinado desde el 2014 y que les ha permitido manipular la justicia. La sombra de la judicialización vuelve a estar presente porque la alianza política que forjó el expresidente Alejandro Giammattei y que sigue vivita y coleando trata de entorpecer la elección de los nuevos miembros de las cortes. El objetivo es prolongar hasta el 2029 la estancia de los actuales magistrados que fueron escogidos por esa entente política. Si la CC actuara en defensa de la Constitución hubiera rechazado por improcedentes los dos amparos que buscan frenar recambio de magistrados, pero es obvio que se está prestando al juego político.
A la partidocracia tradicional le conviene tener magistrados y jueces a su servicio.
La partidocracia se siente identificada con los actuales magistrados, a quienes eligió el año pasado luego de haber prolongado en sus cargos a los anteriores, quienes debieron dejarlos en el 2019. Durante cuatro años obviaron la selección de magistrados, sin justificación alguna. Eso determinó que los escogidos por Manuel Baldizón y Alejandro Sinibaldi se mantuvieran en sus puestos por nueve años. Para comprender qué había detrás de esa aberración jurídica es importante traer a colación una carta que Baldizón le envió a la Cicig en el 2018, cuando fue encarcelado en EE. UU. En la misiva revelaba cómo había sido la “elección” de tales magistrados de la CSJ. Señalaba que él y Sinibaldi se reunieron en una suite del Hotel Vista Real con los magistrados que serían electos. En la carta, Baldizón señalaba: “Básicamente era acerca de un consenso que se hiciera entre todos si surgía cualquier situación, que se recordaran que quienes los habían puesto eran los que estaban en esa reunión”.
No hay vuelta de hoja para entender la razón de que tales magistrados permanecieran tanto tiempo en sus cargos. Eran efectivos, sumisos a la partidocracia y resolvían problemas para evitar que la justicia se ensañara contra sus padrinos políticos. Por algo Baldizón y Sinibaldi han logrado sortear cualquier obstáculo judicial, al igual que sus aliados. ¿Recuerdan que esos magistrados fueron los que en cuatro ocasiones desestimaron la solicitud de retiro de inmunidad al diputado Felipe Alejos, involucrado en el caso Traficantes de Influencias? Lo mismo se puede ver que hay jueces que responden a estas consignas y que han permitido que Gustavo Alejos, ex secretario privado del presidente Álvaro Colom y manipulador de las comisiones de postulación, haya burlado a la justicia, al igual que el exdiputado Estuardo Galdámez y el exministro de Comunicaciones José Luis Benito.
Luego de perder el control de los organismos Ejecutivo y Legislativo, la cleptocracia no está dispuesta a perder el poder Judicial, que, junto con el Ministerio Público, forma parte de su feudo. Por eso está dispuesta a enderezar sus acciones por dos vías. La primera es tratar de evitar que haya elección de magistrados este año y que los actuales se mantengan hasta el 2029, lo cual les permitiría retener el dominio más allá de la presidencia de su adversario Bernardo Arévalo. Si no logran evitar que la CC juegue a su favor, entonces entrarían con la segunda opción y en la que tienen mucho músculo: la manipulación de las comisiones de postulación. Ya se ve, pues, que la batalla por la Corte Suprema de Justicia y las salas de Apelaciones será dura. Sencillamente las mafias no quieren que a estas instancias lleguen magistrados independientes.