Desde diversos ángulos se afirma que vivimos en la patria la crisis más profunda de nuestra historia moderna. El modelo político venezolano implementado desde la Independencia estuvo signado por el presidencialismo. El ejercicio del mismo respondía al modelo estructural de desarrollo asumido. En Venezuela el modelo se caracteriza por concentración poblacional, localización y crecimiento industrial y de fuentes de empleo en la región el centro norte costera. Esta situación estructural empujaba hacia una concentración central del poder y apuntalaba el presidencialismo. Este modelo fue haciendo aguas, necesitaba oxígeno, se planteó la descentralización y desconcentración. Si bien hubo cierta descentralización de los ejes de demandas políticas, esto no bastaba. Se requería una profunda reforma del Estado, entre ello, disminuir su tamaño, dejar de ser empresario y fiscal absoluto de la economía.
¿Qué sucedió? La crisis que venía atravesando el Estado y sociedad venezolana requería de un cambio. El Estado era ineficiente, además, del deterioro moral por la presencia de la corrupción en casi todas sus esferas. En la sociedad venezolana existían abismales desigualdades sociales, en general, había un desencanto de la política. De suerte que un lenguaje populista y radical de redención social era llamativo. Se sucumbió a esto, facilitado, por algunos medios que ensalzaron al vengador y construyeron una leyenda de caudillo. Quien solo iría a repetir, en lo político, lo que sabía por su formación militar.
Este no tenía formación política mucho menos como hombre de Estado. Era persona formada en una estructura vertical y de concentración de poder. No se le podía “pedir peras al olmo”. A su alrededor giraba gente formada en el viejo modelo comunista del “centralismo democrático”, que no es otra cosa que concentración del poder y ejecución por los de abajo de las líneas decidas por la cúpula, por eso se llama democrática, todos deben cumplir. El pichón de estadista y sus secuaces en la constituyente abatieron la descentralización y desconcentración de poder, minimizaron el poder municipal y desconocieron a la sociedad civil. Desde entonces se marchó hacía una concentración del poder en la presidencia y en el partido, con la estrategia de desmantelar el Estado de derecho, destruir las instituciones y construir un modelo autocrático de poder.
La crisis que venía desarrollándose en el país que reclamaba, justamente, otra forma de Estado, desconcentrado y descentralizado, un sistema gobierno diferente al presidencialismo y responsable, y de actuación subsidiaria en la economía, precisamente, se hizo lo contrario. Hoy afrontamos un Estado paquidermo, ineficiente y respirando corrupción por todos los lados. Sumado a esto, quienes dirigen al Estado, se han empecinado en destruir la identidad y moral venezolana, han agudizado la problemática social incrementando los volúmenes de personas en situación de pobreza, deteriorando los salarios y sometiendo a los más pobres con una bolsa infame de comida.
Tenemos que construir un modelo político diferente, empezando por superar el presidencialismo y definir un sistema de gobierno que asegure la responsabilidad del Estado y lleve a cabo una buena administración en procura del bienestar común. El Estado debe ser reducido en su forma burocrática y empresarial, descentralizado, especialmente, otorgando más competencias al municipio. Un Estado promotor de la iniciativa privada que impulse hacia una economía democrática. Creemos que el Estado debe apoyar una planificación regional con base en identidades naturales que posibilite superar los desequilibrios regionales y genere una economía articulada conforme a su vocación natural.
Me ha llamado la atención una propuesta de Abdón Vivas Terán acerca del Estado promotor de una economía social y democrática, en la que el rol fundamental sea la sociedad civil y el Estado solo actúe en forma subsidiaria. La acción del Estado y de los demás poderes públicos debe conformarse al principio de subsidiaridad y crear situaciones favorables al libre ejercicio de la actividad económica; el Estado puede instar a los ciudadanos y a las empresas para que promuevan el bien común, disponiendo y practicando una política económica que favorezca la participación de todos sus ciudadanos en las actividades productivas.
Una instancia de reforma urgente es el manejo de las finanzas públicas. Erradicar la corrupción e imprimirle un fundamento ético a la función pública civil y política, el objetivo hacia el cual se debe tender es lograr que las finanzas públicas sean capaces de ser instrumento de desarrollo y de solidaridad. Una Hacienda pública justa, eficiente y eficaz, produce efectos virtuosos en la economía.
Esta reforma del Estado tiene que ser parte de la reconciliación nacional y concertada por todos los sectores de la vida nacional, con papel protagónico de la sociedad civil.
El autor es doctor en Derecho y miembro fundador del capítulo España del Bloque Constitucional
lectores para continuar y garantizar que las noticias incómodas que no quieren que leas, sigan estando a tu alcance.
¡Hoy, con tu apoyo, seguiremos trabajando arduamente por un periodismo libre de censuras!