EDITORIAL
Pesquisas prontas y serias son deseables
Es necesario exigir mecanismos de uso y verificación de recursos públicos, para evitar que se sigan repitiendo deleznables gavetazos.
Más de tres meses han pasado desde una denuncia de la Contraloría General de Cuentas referente a los dudosos manejos de más de Q159 millones del Instituto de Previsión Militar (IPM). A la fecha, no existe ningún reporte público de pesquisas del Ministerio Público (MP)a al respecto. Según dicho señalamiento, el IPM es “accionista mayoritario” de varias empresas que sí tuvieron ventas y ganancias, pero que no fueron oficialmente reportadas y, por ende, no ingresaron a las arcas de la entidad, que supuestamente es la responsable de garantizar la correcta inversión y seguridad del dinero del programa de pensiones de miembros del Ejército de Guatemala.
Ahora, la CGC vuelve a señalar a funcionarios del IPM, dentro de sus auditorías correspondientes al gasto del 2023, por no haber dado continuidad a la recuperación de Q88 millones que siguen bajo litigio por una opaca inversión efectuada en el 2001, durante el gobierno de Alfonso Portillo. En aquel tiempo, se metió dinero del IPM a un fondo llamado Pension Fund of America, en EE. UU., el cual trasladó parte de los fondos a un banco que quebró en el 2008. Por ese viejo caso tampoco hay procesos, mucho menos condenas. Parte del dinero se recuperó, mas no todo.
El IPM, por su lado, señaló que varios de los denunciados por la CGC no tienen mayor relación con el caso, pero tampoco indicó quienes sí pudieron estar involucrados. El Ministerio de la Defensa, desde la denuncia de enero, sostiene la postura de que el IPM es un ente autónomo y prácticamente se lava las manos. Quizá por diseño institucional exista esta notoria y riesgosa brecha de cuentadancia acerca de los manejos de la entidad. No sería aventurado afirmar la necesidad de una reestructuración institucional profunda, para evitar más discrecionalidades y opacidades.
La semana recién pasada, trascendieron los reparos de la CGC por la ejecución de más de Q7 mil millones del llamado botín electorero vial, en el anterior gobierno, que se gastaron sin la debida supervisión, por lo cual hay obras inconclusas, defectuosas o en franco abandono. Hasta el momento, tampoco hay ningún pronunciamiento del MP al respecto, lo cual contrasta con las invectivas lanzadas a acusados en otros casos, por ejemplo contra los magistrados del TSE por la supuesta sobrevaloración del sistema de transmisión de resultados electorales, que a la larga cumplió con su función durante los comicios.
Entretanto, en la Unidad Nacional de Atención al Enfermo Renal Crónico (Unaerc) también se cuecen sospechas. El consejo de administración de dicha entidad y otros funcionarios son señalados de haber omitido la adquisición de equipo médico nuevo de hemodiálisis para mejorar la atención de cientos de pacientes; pero, por el contrario, favorecieron a un proveedor de kits de diálisis ambulatoria. El conflicto de interés surge por una carta de entendimiento con tal empresa, suscrita en el 2022 sin el aval ministerial. Es marcado el incremento de adquisiciones con tal proveedor. Entre el 2020 y el 2023, tuvo ingresos por más de Q600 millones. En este año solo tiene Q24 millones. De nuevo, quedará en la fiscalía correspondiente la verificación de indicios, mediante pesquisas prontas y efectivas, aunque ya van varios casos rezagados. Al parecer, falta más por destapar en las cuentas del anterior poder oficialista. No obstante, ahora que se habla de una ampliación presupuestaria de Q14 mil millones para el actual ejercicio gubernamental, también es necesario exigir mecanismos de uso y verificación de recursos públicos, para evitar que se sigan repitiendo deleznables gavetazos.