Valencia ha aprobado este martes un año de moratoria para poner coto a los pisos turísticos en comunidades de propietarios y bajos comerciales mientras se elabora una ordenanza reguladora de las viviendas de uso turístico en la capital. La suspensión temporal de licencias ha salido adelante por unanimidad de todos los grupos del Consistorio, gobernado por el PP y Vox, pese al malestar de la oposición porque se ha tramitado de urgencia sin un debate previo. La capital valenciana se suma a otras capitales españolas que están adoptando medidas restrictivas, como San Sebastián, Madrid, o Sevilla, que prevé prohibirlos en el barrio de Santa Cruz. Otras ciudades están trabajando en el mismo sentido ante el grave y creciente problema de la turistificación y de la falta de viviendas para alquiler residencial.
La alcaldesa, María José Catalá, del PP, anunció el pasado viernes, después de que asociaciones de vecinos y grupos de la oposición la solicitaran durante meses, la suspensión de licencias durante un año, con posibilidad de prorrogarla otro año más, con el fin de disponer para entonces con una ordenanza reguladora de la que hoy carece la capital valenciana.
Así, la moratoria no afectará a la apertura de bloques completos de apartamentos turísticos ni tampoco se aplicará a dos de los barrios de Valencia más tensionados por los alquileres turísticos como son Ciutat Vella, donde hay una suspensión en vigor, o el barrio del Cabanyal-Canyamelar, donde las aperturas están limitadas a un máximo del 10% por manzana de edificios. Sí se extenderá a siete pedanías de Valencia, algunas de ellas situadas en el litoral.
El concejal de Urbanismo, Juan Giner, ha defendido la necesidad de establecer una regulación de los alojamientos turísticos con una medida que establezca una moratoria provisional de un año “que ponga en primer lugar a los vecinos, a la convivencia y que incentive el uso residencial de las viviendas al establecer una firme seguridad jurídica y unas reglas de juego claras”.
Los grupos de la oposición, Compromís y PSPV, han insistido en que la medida llega “tarde y mal” pero la han suscrito ante la gravedad del problema. La portavoz de Compromís, Papi Robles, ha recordado que su grupo llevaba cuatro años solicitando esa moratoria pero no dispusieron de los votos necesarios y ha lamentado que el PP la presente ahora “por la puerta de atrás”, a través de un trámite de urgencia, cuando podía haberse discutido pausadamente en la comisión de Urbanismo. Para la socialista Sandra Gómez, la medida llega con retraso “porque el PP la tenía encima de la mesa desde que llegó al Gobierno local” pues el anterior Ejecutivo la dejó lista para aplicarse. “No han cambiado su posición un ápice hasta que el alcalde de Madrid han aprobado una moratoria. Es ahí donde ustedes empezaron a virar”, ha espetado la socialista.
La moratoria entrará en vigor desde su publicación en el DOGV, así que las solicitudes en trámite no se verían afectadas por la suspensión. La suspensión de licencias servirá para trabajar en la regulación de esta actividad en viviendas de uso turístico, en cuestiones como que “tengan un acceso diferenciado” al del resto de viviendas residenciales o las plantas donde se autorice.
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La problemática viene de una situación que se ha desbocado porque en el año 2018 el Gobierno anterior autorizó que se ubiquen apartamentos turísticos en bajos comerciales y además no redactaron una ordenanza reguladora, sostiene la alcaldesa. Esto ha generado una situación de preocupación entre los vecinos, que denuncian que una mayoría son ilegales y escapan al control de la Administración pese a que el Consistorio ha puesto en marcha equipos de inspección y ha decretado el cierre de 160 apartamentos turísticos irregulares.
El turismo es “un sector fundamental en la ciudad” para el Gobierno local, al que se debe proporcionar seguridad jurídica y una regulación, pero el Ayuntamiento cree que “se está magnificando un problema” en el que “no hemos pasado de cero a cien en cuestión de tres semanas pero es cierto que teníamos que hacer un parón y regular correctamente este fenómeno”, ha reconocido estos días la alcaldesa.
Las cifras de apartamentos turísticos registrados en la capital varían mucho en función de la fuente. La ciudad de Valencia tenía a finales de 2023 un total de 5.747 apartamentos turísticos de acuerdo con el registro creado por la Generalitat Valenciana frente a los 10.286 que ofertaban diversas plataformas online a principios de 2024, según la web de la fundación de turismo municipal Visit Valencia. La oposición denuncia que el número de pisos turísticos se ha disparado cerca del 40% en un año, siempre según los datos de Visit Valencia.
Los apartamentos turísticos vienen regulados por un decreto autonómico, pero son los ayuntamientos los que expiden el certificado de compatibilidad urbanística necesario para dedicar una vivienda a uso turístico. En el caso de Valencia, el Plan General de Ordenación Urbana limita prácticamente su ubicación a plantas bajas y primeras plantas —están al margen los bloques enteros dedicados exclusivamente a uso terciario—.Sin embargo, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia y las comunidades de propietarios denuncian desde hace tiempo una vorágine de nuevas aperturas, sobre todo en bajos comerciales en todos los barrios de la ciudad.
Reprobación Teresa Ribera
El pleno del Ayuntamiento de Valencia ha aprobado también, con los votos de PP y Vox, reprobar a la vicepresidenta tercera del Gobierno y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, “por su falta de compromiso en la protección de la Albufera, por la inacción de su Ministerio y pertinaz incumplimiento de las aportaciones hídricas comprometidas, consistentes en 10 hectómetros cúbicos al año del Júcar y 10 hectómetros del Turia con destino al lago”. El PSOE se ha opuesto, mientras que Compromis ha incluido una enmienda para votar a favor de la moción pero finalmente han decidido no ejercer el voto.
La moción también incluía “exigir a la Confederación Hidrográfica del Júcar dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico el cumplimiento urgente y sin más demora para que aporten los 20 hm3 de agua proveniente del sistema Júcar y Turia, que debían cubrir los requerimientos ambientales del lago de la Albufera y con el objetivo de mantener la inundación invernal”.