El Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto con cuatro cambios a la Ley de Violencia Basada en Género, que incluye penas más severas por denuncias falsas y se habilita la presentación de pruebas de los acusados. Sin embargo, la diputada del Frente Amplio, Bettiana Díaz, declaró su desacuerdo en Informativo Sarandí: “Las modificaciones son un gran retroceso”.
Díaz afirmó que “se le pide a la ley mucho más de las capacidades que logró desarrollar” y que “al inicio de este gobierno había indicios de ir dotando de recursos todo lo que vincula a la ley. Eso no paso, no solo que no pasó sino que debilitamos las políticas”.
“Las medidas que propone las modificaciones no están basadas en evidencias”, sostuvo la legisladora frenteamplista, quien agregó: “Estoy convencida que son profundamente ideológicas y surgen de que piensan que las mujeres están de vivas y quieren denunciar a los hombres”.
Asimismo, la legisladora indicó que los cambios “no dan garantías de que una persona mienta, para eso hacen faltas mayores recursos, son un gran retroceso”.
Los cambios propuestos por el Gobierno
Las modificaciones a la ley 19.580 serán analizadas en el Parlamento. La primera iniciativa se vincula al artículo 3, que hoy establece que en caso de que haya un conflicto o duda en la investigación debe prevalecer la interpretación “más favorable” a las mujeres en situación de violencia de género.
En el nuevo proyecto, el gobierno mantiene el argumento pero agrega que en “ningún caso” se pueden “debilitar las garantías del debido proceso y las reglas de valoración de la prueba”.
También se propone una modificación a la valoración de la prueba, La legislación actual indica que se debe respetar el derecho y el interés superior de niñas, niños y adolescentes a dar su opinión y que no es válido utilizar argumentos técnicos para disminuir la credibilidad de sus testimonios.
Pero el nuevo texto indica que la defensa del acusado, que “pretenda hacer valer argumentos técnicos” se podrá respaldar “en prueba pericial evitando la revictimización secundaria”.
El Poder Ejecutivo también plantea cambiar el artículo enfocado en la denuncia en sí misma. En la exposición de motivos, se sostiene que las denuncias falsas son “notorias” y que generan consecuencias que afectan a los imputados y a las “verdaderas víctimas” que requieren protección del sistema.
Por este motivo se plantea que, si se comprueba que una denuncia es falsa, se pueda aplicar el delito de calumnia o simulación de delitos con penas de tres meses a tres años de prisión.
Finalmente, el proyecto propone un cambio en la reparación patrimonial a la víctima, que en la actualidad recibe 12 ingresos mensuales o salarios mínimos por parte del acusado. Se plantea se pueda reclamar una reparación por la “vía procesar correspondiente” por daños “sin marcar montos”.