Los cambios propuestos por Poder Ejecutivo respecto a la ley n°19.580 son vistos con buenos ojos por la Asociación de Abogados Penalistas, que resaltan que “contemplan razonablemente” lo que desde la organización venían promoviendo.
“No es una reforma antojadiza”, expresó Enrique Moller, presidente de la Asociación. “Se tomaron el trabajo de ver todos los recursos que llegaron a la Suprema Corte” y los argumentos presentados por los abogados defensores, agregó. Recalcó además que los reclamos “se basan en cuatro artículos, no de los 80 y pico que tiene la ley”.
La propuesta del Poder Ejecutivo
La primera modificación propuesta se vincula al artículo 3, que hoy establece que en caso de que haya un conflicto o duda en la investigación debe prevalecer la interpretación “más favorable” a las mujeres en situación de violencia de género. En el nuevo proyecto, el gobierno mantiene el argumento pero agrega que en “ningún caso” se pueden “debilitar las garantías del debido proceso y las reglas de valoración de la prueba”.
También se propone una modificación a la valoración de la prueba. La legislación actual indica que se debe respetar el derecho y el interés superior de niñas, niños y adolescentes a dar su opinión y que no es válido utilizar argumentos técnicos para disminuir la credibilidad de sus testimonios. Pero el nuevo texto indica que la defensa del acusado, que “pretenda hacer valer argumentos técnicos” se podrá respaldar “en prueba pericial evitando la revictimización secundaria”.
El Poder Ejecutivo también plantea cambiar el artículo enfocado en la denuncia en sí misma. En la exposición de motivos, se sostiene que las denuncias falsas son “notorias” y que generan consecuencias que afectan a los imputados y a las “verdaderas víctimas” que requieren protección del sistema. Por este motivo se plantea que, si se comprueba que una denuncia es falsa, se pueda aplicar el delito de calumnia o simulación de delitos con penas de tres meses a tres años de prisión.
Finalmente, el proyecto propone un cambio en la reparación patrimonial a la víctima, que en la actualidad recibe 12 ingresos mensuales o salarios mínimos por parte del acusado. Se plantea se pueda reclamar una reparación por la “vía procesar correspondiente” por daños “sin marcar montos”.