En la facultad de derecho aprendí el principio constitucional consagrado en el artículo 32 de la carta magna que establece: “Ningún costarricense podrá ser compelido a abandonar el territorio nacional”. Hasta la fecha, defendí ese principio de protección, pero debo reconocer que las circunstancias del país han cambiado y ese derecho se ha convertido en un escudo de impunidad para muchos.
El especialista en seguridad Rogelio Pardo, autoridad en la materia en Estados Unidos y la región, quien falleció hace pocos días, advertía que, de no tomar acciones drásticas, estaríamos como Ecuador dentro de 18 o 24 meses.
Si fuimos alertados por don Rogelio y por muchos otros especialistas sobre el peligro al que nos enfrentamos de convertirnos en un narco-Estado al aprovechar nuestras instituciones, legislación generosa en materia de nacionalidad, no contar con ejército, falencias de nuestra Policía, a lo que se suma un gobierno que ha sido débil combatiendo el narcotráfico, la realidad es que, de no despertar, estamos facilitando el uso de nuestro territorio para crear redes que se están convirtiendo en un verdadero cáncer nacional, que luego no erradicaremos.
En la Asamblea Legislativa, se aprobó un proyecto que pretende reformar el derecho a la no extradición para quienes incurran en delitos de narcotráfico y afines. Aquel espíritu del constituyente de proteger a los nacionales frente a poderes de otros países, que bien podrían cometer abusos, no ser imparciales, no respetar el debido proceso o, peor aún, usar la figura para la persecución política, étnica, religiosa, etc., fue un principio válido en el pasado, pero hoy, hay enemigos muy grandes que amenazan nuestras instituciones democráticas y la seguridad de los ciudadanos.
Por lo anterior, confieso que he cambiado de opinión, y considero que lo mejor que puede hacer el país es una reforma del artículo 32.
Tratándose de acciones ligadas al narcotráfico, el crimen organizado y el lavado de capitales, se pierde la protección y se puede proceder con la extradición, de manera que sí puedan ser llevados a la justicia en los países donde han cometido los delitos. Así, no usarán la no extradición como escudo de impunidad.
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La autora es politóloga, miembro del Advisory Board del Wilson Center en asuntos para América Latina.
