“¿Tendré pensión?”, me pregunto cada vez con más frecuencia cuando veo mis canas y arrugas, a pesar de cotizar al régimen de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) desde los 18 años de edad, como seguramente lo hacen muchos de ustedes.
Si la CCSS sigue empeñada en subir las cuotas y disminuir el beneficio, solo conseguirá prolongar la agonía del moribundo régimen y nos condenará a vivir la archiconocida historia narrada en El coronel no tiene quien le escriba.
El coronel esperó durante 15 años la carta que le informara sobre la aprobación de una pensión de guerra y, mientras tanto, despertaba alarmado por sus intestinos.
Propuestas sobran, pero falta voluntad, y hasta se han cometido sinvergüenzadas, como maquillar las cifras del IVM con el fin de hacerlo parecer sostenible o más bonito, en el 2011. Por tanto, la CCSS no debería liderar la discusión, es juez y parte, y sempiternamente tenderá a llevar agua a su molino.
La Superintendencia de Pensiones (Supén), por ejemplo, aboga por evitar “los parches”, y sugiere el incremento de los ingresos del IVM a través de un alza del 13 al 16 % del impuesto sobre el valor agregado (IVA).
Los puntos porcentuales adicionales se destinarían a la pensión básica universal (para todos), pero según su criterio, de igual modo deben eliminarse las cargas parafiscales (Fodesaf, por ejemplo) y ajustar el aporte del Estado a un porcentaje acorde con el principio de subsidiariedad, es decir, dar a cada uno según sus necesidades en la vejez.
La Academia de Centroamérica planteó en el 2019 crear la pensión básica universal, eliminar el aporte del Estado, otorgar un monto sobre la base de las cuotas obrero-patronales por cada trabajador, liberar a los empleadores del gravamen del 7,25 % —con el fin de promover el empleo formal— y trasladar a los funcionarios del Poder Judicial y del magisterio a un sistema único.
Los costarricenses recibiríamos recursos de tres fuentes: la pensión universal —nutrida con impuestos directos—, el IVM y el ROP. Quien no tenga el IVM, o si su ahorro fuera insuficiente, aún contaría con el primer pilar.
Está clara la necesidad de modificar la contribución del Estado e instituir la pensión básica universal; sin embargo, cabe preguntar si cuando el gobierno recaude los impuestos para las pensiones —de ser aprobado por la Asamblea Legislativa—, ¿girará religiosamente el dinero a la CCSS o seguirá acumulando deuda?
De ser esto último, podríamos, como la esposa del coronel, cuestionar: “¿Mientras tanto qué comemos?”. Espero que recuerden la respuesta, y ojalá el final del relato quede encerrado en las páginas del libro.
La autora es editora de Opinión de La Nación.