El pasado sábado por la tarde varios funcionarios de prisiones accedieron a la celda de la reclusa Ana Julia Quezada, la cachearon y registraron su habitáculo en busca de un teléfono móvil que no encontraron. Posteriormente, fue trasladada “preventivamente” a un módulo de aislamiento, según confirman fuentes de centro penitenciario de Brieva (Ávila) en el que se encuentra. Quezada fue condenada en 2019 a prisión permanente revisable por asesinar en febrero de 2018 en Almería a Gabriel Cruz, el hijo de ocho años de su entonces pareja, Ángel Cruz. Estos últimos movimientos en su celda y en la cárcel se producen justo después de que la madre del pequeño, Patricia Ramírez, convocase una rueda de prensa este mismo sábado por la mañana en Almería en la que denunció públicamente que tenía constancia por “fuentes directas” de que se estaba grabando un documental con la asesina de su hijo desde la cárcel sobre la muerte del menor y con fines lucrativos, promovido por quien fuera en su día su abogado de oficio, Esteban Hernández Thiel.
Es una medida de precaución para separar de la población reclusa. Lo asigna la dirección y es una limitación regimental, según indican fuentes del centro penitenciario. Es decir, la presa va a otro departamento, en este caso aislamiento, pero no por sanción, sino para protegerla. “No es que haya pasado nada, pero es una medida preventivos, en vista del revuelo mediático, para que no se alterara el orden en la prisión”, explican.
En el Ministerio del Interior y en la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, contra quienes arremetió en su comparecencia Ramírez por presuntamente no haber impedido esas grabaciones pese a que ella, personalmente, lo había puesto en conocimiento del secretario de Estado, Rafael Ruíz, y del Secretario General de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, se remiten este miércoles a lo comunicado al respecto el pasado fin de semana. “El Ministerio del Interior, a través de la Secretaría de Estado de Seguridad y de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, ha recibido a Patricia Ramírez y ha escuchado sus peticiones, actuando desde el primer momento y en el marco de sus competencias en la investigación de cualquier posible irregularidad en el ámbito penitenciario”, aseguraban. “El Ministerio del Interior colaborará con la Justicia para atender cualquier requerimiento que pueda derivarse de las acciones legales emprendidas por Patricia Ramírez”, insistían entonces, afirmando que en caso de que prosperasen las querellas presentadas por Ramírez seguirán las órdenes del juez. Fuentes del ministerio que dirige Fernando Grande Marlaska aseguran “que no se pueden facilitar datos acerca de ningún recluso concreto”.
Según Ramírez, Quezada habría realizado esas grabaciones “al estilo de como lo hizo desde la cárcel Ana Rosa Peral” (acusada del llamado crimen de la guardia urbana), y en contra de la familia del menor, “menoscabando su imagen y su memoria, haciéndonos aún más daño si cabe y obligándonos a exponernos públicamente de nuevo para detenerlo”. De este modo, Ramírez abría la semana pasada un debate sobre los límites del True Crime y pedía a instituciones y plataformas de televisión “que se pare” tanto su rodaje como su posible emisión.
Ramírez ha asegurado haber puesto el asunto en manos de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) tras tener pruebas por “una fuente directa” de que funcionarios de prisiones habrían facilitado el acceso a un teléfono móvil a la asesina de su hijo dentro de la cárcel. Desde Instituciones Penitenciaras, aseguran, al igual que desde el ministerio, que no pueden dar datos acerca de ningún preso concreto y explican que para realizar entrevistas en prisión existe un protocolo que exige poner en conocimiento tanto de la dirección de la prisión como de la secretaría general el posible acceso con fines divulgativos a cualquier recluso.
La madre del niño Gabriel, que estos días ha abanderado la lucha de las familias que han vivido situaciones parecidas y que se resisten a convertirlas en entretenimiento, en true crime, o a que sean pasto de un regodeo mediático sobre sus terribles casos, aseguró que informó en varias ocasiones (incluso en una reunión personal el pasado 27 de diciembre) tanto al secretario de Estado de Seguridad como al Secretario General de Instituciones penitenciarias. Y que, aunque inicialmente le aseguraron que no se le había dado ningún tipo de permiso a la reclusa para grabar en prisión, ella ha podido constatar que sí se han producido y que, por tanto, “se están cometiendo irregularidades en las prisiones”.
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