En marzo del 2006, con un préstamo del Banco Japonés de Cooperación Internacional y fondos propios se financió una parte del proyecto para el mejoramiento del medioambiente del área metropolitana de San José.
Se estableció como objetivo mejorar la calidad del agua de los ríos y canales por medio de la expansión de los sistemas de aguas residuales y la construcción de una planta de tratamiento.
Con mucha pompa, se informó de que la primera etapa abarcaría un área de 119 kilómetros cuadrados, cubriría una población de un millón de habitantes (el 65%), se restaurarían 97 kilómetros de colectores y se construirían 67 kilómetros más, las redes secundarias que se iban a reactivar alcanzarían los 283 kilómetros y las nuevas 47, se construiría un túnel de 2,8 metros de diámetro y 3,5 kilómetros de longitud y una planta para el tratamiento primario.
Vázquez de Coronado, Moravia, Goicoechea, Montes de Oca, Curridabat, La Unión, Desamparados, Alajuelita, San José, Tibás y Escazú se encontraban entre los cantones favorecidos.
El proyecto se inició con la conformación de la unidad ejecutora, que hoy sigue liderando el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).
Quiere decir que han transcurrido 18 años, y durante ese lapso se construyó la planta de tratamiento de aguas residuales de Los Tajos, el emisario metropolitano, el túnel de trasvase, pasos sobre ríos, algunos colectores y subcolectores fueron reactivados y se construyeron varios kilómetros de red general (alcantarillado sanitario), cuyo principal objetivo es llevar las aguas residuales hasta la planta de tratamiento.
No obstante, quedaron obras sin financiamiento, por ejemplo, para extensiones de colectores, de subcolectores y de redes generales, que permitirían interconectar las aguas residuales de las nuevas comunidades a los sistemas que están operando y conducirlas hasta Los Tajos.
Sin estas, cientos de kilómetros de redes de alcantarillado sanitario quedarán enterrados en diferentes cantones del área metropolitana de San José sin recibir las aguas residuales de miles de viviendas, comercios e industrias y sin el adecuado mantenimiento, por lo cual no se cumplirá el propósito de limpiar los ríos y eliminar la contaminación de las principales cuencas josefinas.
El país tendrá una gran planta para tratar las aguas residuales con una capacidad de 2.800 litros por segundo, que estará subutilizada, pues a falta de las conexiones que se definieron originalmente llegan tan solo 700 litros.
Los equipos y la tecnología de última generación para tratar las aguas residuales por los que el país pagó millones de dólares no operan hasta su máxima capacidad.
El AyA no puede capitalizar las obras ni cobrar tarifas y, por ende, no recibirá los recursos suficientes para hacer frente al pago de los créditos que financiaron este proyecto.
Resulta urgente que el AyA, las entidades reguladoras y el propio gobierno analicen las consecuencias de no completar el proyecto de mejoramiento ambiental y que kilómetros de redes construidas queden abandonadas y muchas comunidades sin interconectarse.
Es necesario que el presidente ejecutivo, la Junta Directiva y las áreas técnicas del AyA revisen la priorización de los proyectos que con gran algarabía acaban de presentar, con el fin de que se incluyan los fondos restantes para que el saneamiento ambiental de las aguas residuales no quede a la deriva, como sucedió hace algunos años con el alcantarillado sanitario de la GAM.
El autor es exdirector de Recolección y Tratamiento del AyA.
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Planta de tratamiento de aguas residuales Los Tajos. (Mayela Lopez)