Caducaron las sanciones administrativas culposas que recibieron el extitular del desaparecido Ministerio de Justicia y actual asambleísta del correísmo Lenín Lara Rivadeneira y otras tres exservidoras por el manejo de los documentos en la investigación del asesinato del general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) Jorge Gabela Bueno, que se llevó a cabo en un comité interinstitucional creado en el gobierno de Rafael Correa.
La Corte Constitucional (CC) continúa dando seguimiento al cumplimiento de un fallo en una acción extraordinaria de protección, en la que ordenó la reconstrucción del tercer producto o informe final que elaboró el perito argentino Roberto Meza Niella como parte de una investigación no judicial.
En marzo pasado, la Secretaría Técnica Jurisdiccional de la CC cursó oficios a las instituciones del Estado involucradas en este caso para que informen el cumplimiento de sus disposiciones, al decretar que se vulneró el derecho a la verdad de la familia Gabela y su esposa, Patricia Ochoa Santos.
La Contraloría General del Estado es una de las que deben informar cuáles fueron las sanciones que se aplicaron a aquellos funcionarios responsables del manejo de la documentación en el comité interinstitucional que creó Rafael Correa para investigar el asesinato de Gabela, ocurrido en diciembre del 2010, y que desapareció de los archivos estatales.
Entre ellos está este llamado tercer producto que hizo Meza Niella, quien fue contratado por el extinto Ministerio de Justicia para levantar una investigación forense que determinara cuáles pudieron ser los posibles hechos y autores intelectuales que participaron en el asesinato del general.
Caso Gabela: Aún está pendiente la investigación de qué ocurrió con el ‘tercer producto’ elaborado en el gobierno de Rafael Correa
Gabela denunció en el 2008 aparentes actos de corrupción en la compra de los siete helicópteros Dhruv para la FAE a la Hindustan Aeronautics Limited (HAL) por más de $ 45 millones, de los que cuatro se accidentaron y tres están inutilizados.
La Contraloría hizo un examen especial en el 2019 a la gestión documental del extinto Ministerio de Justicia relacionada con el manejo de la documentación del comité interinstitucional, integrado para conocer, investigar, analizar y pronunciarse sobre la denuncia de Patricia Ochoa Santos en torno a la muerte de Jorge Gabela. El periodo comprendió entre el 1 de enero de 2013 y el 6 de septiembre de 2018.
De ese análisis se desprendieron sanciones administrativas para cinco personas, de acuerdo con los documentos provistos por el ente de control:
- Lenin Lara Rivadeneira, exministro de Justicia del 13 de mayo del 2011 hasta el 19 de junio de 2013 y actual asambleísta de la Revolución Ciudadana (RC), fue sancionado con una multa de $ 3.180 por una responsabilidad administrativa culposa.
- Cristina Calvopiña García, analista de la Coordinación de la Secretaría Jurídica desde el 2 de enero de 2013 hasta el 31 de julio de 2013: se le impuso una responsabilidad administrativa culposa y pagar una multa de $ 3.180.
- Gabriela Espinoza Cabezas, como servidora de la Coordinación de Asesoría Jurídica, del 8 al 31 de julio de 2013: una responsabilidad administrativa culposa por $ 3.180.
- Geovanna Palacios Torres, exdirectora de Secretaría General, desde el 3 de abril del 2009 hasta el 23 de agosto de 2013: una responsabilidad administrativa y multa por $ 3.180.
- Otro mencionado es Miguel Mendoza Jiménez, exasistente de la Dirección de Secretaría General, a quien se le confirmó una responsabilidad administrativa culposa y pagar una multa de $ 3.180. Aún puede interponer recursos administrativos.
Las tres exfuncionarias y Lara interpusieron recursos administrativos hasta llegar a los de revisión. Pero finalmente operó la caducidad de las sanciones, tomando en cuenta que la Ley Orgánica de la Contraloría dispone que su facultad para pronunciarse sobre las actividades de las instituciones del Estado y los actos de las personas, así como para determinar responsabilidades, en caso de haberlas, caducarán en siete años contados desde la fecha en que se hubieren realizado dichas actividades o actos.
Los nueve jueces sentenciaron que se vulneró el derecho a la verdad de Patricia Ochoa y, en su fallo, divulgado el 17 de febrero de 2023, señalaron que la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Lotaip) contempla sanciones civiles, administrativas o penales para los funcionarios públicos que oculten, alteren, pierdan o afecten a la información pública.
Por ello, ordenó a la Fiscalía y a la Contraloría que “emprendan las acciones pertinentes en contra de los servidores que en su momento estaban obligados al manejo, elaboración y recepción del informe final elaborado por el comité interinstitucional y a los funcionarios públicos responsables de las contrataciones para elaborar dicho informe”.
Como medidas de reparación también ordenó al Gobierno nacional, entonces de Guillermo Lasso Mendoza, que conformara una comisión que facilitara la reconstrucción del tercer producto con el perito Meza Niella, quien lo entregó en julio del 2023.
Meza afirmó que había “suficientes indicios” para ubicar a dos generales de la FAE en servicio pasivo, Rodrigo Bohórquez y Alonso Espinoza, con “motivaciones personales y económicas claras que permiten vincularlos directamente con el móvil y como posibles autores intelectuales” del crimen de Jorge Gabela.
La Defensoría del Pueblo, otro organismo parte del proceso, puso sus reparos al expediente forense y solicitó a la Corte que declarara el incumplimiento de su fallo, pues Meza no absolvió las observaciones que se le plantearon.
En tanto, la Presidencia de la República pidió que se le dé un plazo mayor para entregar una acta n.º 3, solicitada por Patricia Ochoa, que hasta el momento no logran ubicar. (I)