La Fiscalía de Perú informó este viernes sobre el inicio de diligencias preliminares contra la presidenta, Dina Boluarte, y el ministro del Interior, Walter Ortiz, por la desactivación del Equipo Especial Policial de Apoyo al Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder (Eficcop).
A través de un comunicado, la entidad indicó que la mandataria será investigada como presunta instigadora, mientras que el titular de Interior afrontará una indagación por el presunto delito de encubrimiento personal.
Asimismo, por los mismos hechos se han dispuesto diligencias preliminares contra Boluarte Zegarra y Ortiz Acosta como presuntos autores del delito de abuso de autoridad, previsto y sancionado en el artículo 376 del Código Penal peruano.
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Dina Boluarte, presidenta de Perú, vive un momento convulso. Es investigada por la desactivación del Equipo Especial Policial de Apoyo al Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder (Eficcop). (JOSH EDELSON/AFP)
Origen de la desactivación
El gobierno de Dina Boluarte desactivó el pasado jueves el último el grupo exclusivo de policías que apoya al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop).
La medida se materializa con una resolución firmada por el ministro del Interior, Walter Ortiz, donde se ordena dejar sin efecto la conformación del equipo que estuvo a cargo del coronel de la Policía Nacional de Perú (PNP), Harvey Colchado, desde su creación, en julio del 2022, hasta abril pasado, cuando Colchado fue suspendido de forma temporal.
El equipo policial había quedado a cargo del coronel de la PNP Franco Moreno Panta y estaba conformado por efectivos de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) y la Dirección Antidrogas (Dirandro).
La desactivación se sustenta en una presunta duplicidad de funciones.
De acuerdo con la resolución emitida, se detectó “la existencia de duplicidad de funciones, esfuerzos y medios” del equipo especial y la Diviac. El gobierno señaló que ambos “vienen ejecutando acciones de inteligencia e investigación contra organizaciones criminales a nivel nacional”.
Luego, el Ministerio del Interior informó mediante un comunicado que ha dispuesto el inicio de investigaciones contra quienes resulten responsables de la creación del equipo especial policial.
El ministerio aseguró que la resolución que oficializó la creación de Eficcop, en el 2022, no contó previamente con un dictamen del área de asesoría jurídica de la PNP ni un informe técnico de la División de Modernización y Desarrollo Institucional.
Añadió que ambas “constituyen unidades orgánicas cuyas opiniones eran imprescindibles” para la emisión de una resolución “que modificaba la organización y funcionamiento de la estructura policial”.
La resolución en mención fue firmada por el ex ministro del Interior Mariano González.
Casos en curso de Eficcop
El equipo de policías apoyaba al Eficcop en investigaciones reservadas que involucran a personajes vinculados a las más altas esferas del poder, como Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta; los exasesores de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides; el entorno del expresidente Martín Vizcarra, entre otros.
En abril pasado, colaboró con el Eficcop en la detención preliminar de Miguel Girao y Abel Hurtado, exasesores de Benavides; y otros cinco investigados por presunta organización criminal y otros delitos.
En tanto, en enero último, apoyó en la detención preliminar de exfuncionarios de Provías Descentralizado (PVD) y un empresario, como parte del operativo del denominado Caso Los Intocables de la Corrupción. Este está relacionado a presuntas licitaciones fraudulentas en el PVD durante el gobierno de Vizcarra.
“Boluarte busca impunidad”
En opinión de Mariano González, la desactivación del grupo especial de policías tiene como objetivo lograr la impunidad en graves casos de corrupción que alcanzan a la presidenta.
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“Lo que está buscando Dina Boluarte es impunidad para ella, su entorno político y familiar. Deja al Eficcop sin todo el soporte que le da el equipo especial en las investigaciones”, dijo en diálogo con El Comercio.
González añadió que la medida es bien recibida por un sector del Congreso. “Lo que hay es un pacto tácito entre el gobierno y muchas otras personas investigadas. Un pacto tácito por la impunidad. Los congresistas, al igual que todos los aforados, son investigados por la Fiscalía de la Nación, pero no olvidemos que el soporte en las carpetas fiscales vinculadas a hechos de corrupción lo ha dado el Eficcop”, dijo.