31 propiedades vinculadas al narco esperan reglamento para ser subastadas

Desde finales del 2022, un total de 31 propiedades confiscadas al narco esperan la aprobación de un reglamento para ser subastadas por parte del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).

Mientras los años pasan, mansiones como la de Alejandro Jiménez González, alias Palidejo, condenado en abril del 2016 en Guatemala a 50 años de prisión por planear un homicidio que concluyó con la muerte del cantautor argentino Facundo Cabral, se deterioran y pierden valor.

Desde el 2014, hace 10 años, cuando pasó a manos del Estado, se reportó que la vivienda, entonces propiedad de Palidejo, estaba en venta por ¢465 millones. La residencia se ubica en Canoas de Alajuela, y tiene 445 metros cuadrados de construcción, piscina incluida, en un terreno de 597 metros cuadrados. Sin embargo, un año después, el precio se bajó a ¢152 millones por la falta de oferentes y, al final, su comercialización se suspendió porque no aparecieron interesados.

El mantenimiento de casas como esta, fincas, un hotel, vehículos, lanchas y otros bienes muebles e inmuebles, le cuesta al ICD ¢1.000 millones al año. Este dinero proviene de un 10% de los fondos confiscados por las autoridades judiciales y un 20% de los rendimientos generados por inversiones realizadas con dichos fondos. De hecho, solo en la última década, el costo de atender la vivienda que perteneció a Palidejo fue de ¢15 millones.

Hace un año, el conjunto de las propiedades se estimaba en ¢2.034 millones, pero será necesario un avalúo actualizado.

Fernando Ramírez Serrano, director del ICD, explicó que la subasta de todas estas propiedades podría empezar en el segundo semestre de este año, siempre y cuando se publique el reglamento de venta de bienes, el cual debe cumplir con la nueva Ley General de Contratación Pública, aprobada el 1.º de diciembre del 2022.

Esta norma permitirá definir el valor de cada finca y ponerla a disposición de los oferentes con firma digital a través del sitio web de la institución.

“Esto conlleva que el personal de la Unidad de Recuperación de Activos realice una proyección de venta de bienes y analice qué tipo de bienes son los que tenemos. Hay que requerir al Ministerio de Hacienda que haga el avalúo del inmueble para, sobre la base de ello, poderlo sacar a subasta pública”, explicó Ramírez.

El reglamento establece que el monto base de la subasta será establecido por Hacienda y la persona favorecida tendrá un plazo definido para pagar por el inmueble.

Asimismo, para evitar que la propiedad caiga otra vez en manos del crimen organizado, el comprador será sometido a un estudio por parte de la Unidad de Recuperación de Activos y, además, deberá firmar una declaración jurada y entregar su hoja de delincuencia.

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Ramírez agregó que el reglamento ya ha sido revisado por órganos como la Dirección de Leyes y Decretos del Ministerio de la Presidencia. Actualmente, se está a la espera de la firma de la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, pues el ICD está adscrito a este ministerio, y la posterior firma del presidente Rodrigo Chaves.

El dinero que genere la venta o subasta de estas propiedades se distribuye de la siguiente forma:

• 60% para prevención (al menos un 50% se destina al Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia -IAFA- y el resto a proyectos de prevención del ICD).
• 30% a programas de la Fuerza Pública, Policía de Control de Drogas, Organismo de Investigación Judicial y Ministerio Público.
• 10% para la administración de los bienes comisados.

Los bienes en detalle

Además de los 31 bienes inmuebles en posesión del ICD, hay otros siete bajo el modelo de depósito judicial provisional, es decir, propiedades decomisadas a personas sospechosas mientras enfrentan el proceso penal, que pueden ser vendidas incluso antes de una sentencia firme, si el ICD considera que el bien se puede dañar, deteriorar o tener un alto costo de mantenimiento.

Si hay una condena contra el dueño de la propiedad, el juez puede ordenar su comiso a favor del Estado, y el ICD es el encargado de tomar esos inmuebles en casos de narco y crimen organizado. De existir una sentencia absolutoria, el ICD deberá devolver el bien o su valor de subasta.

Algunas de estas fincas tienen casas; sin embargo, el ICD no detalló cuántas viviendas van incluidas en esas 31 propiedades. Diez de estos inmuebles están en la provincia de Alajuela, otros nueve en Puntarenas, siete en San José, siete en Limón, cuatro en Heredia y uno en Limón.

Además de la conocidísima casa del Palidejo, sentenciado por homicidio en Guatemala e investigado en Costa Rica por legitimación de capitales, también entrará en la subasta lo que fue el Motel Infinity, en barrio San José de Alajuela, establecimiento decomisado a una banda supuestamente dedicada al tráfico internacional de drogas y presuntamente liderada por un hombre de apellidos James Wilson, alias Turesky.

También en Alajuela, a pocos metros de los Tribunales, fue decomisada la casa del abogado Mario Alberto Cerdas Salazar, quien fue sentenciado a ocho años de cárcel por cultivo y venta de marihuana. Inicialmente, el ICD le puso un valor de subasta de ¢168 millones

Destaca también una propiedad en Limón vinculada a Keylor Jacob Cole Kelly, conocido como Gato Cole, sentenciado en el 2017 a 14 años de cárcel por tentativa de homicidio, y condenado en el 2018 a 24 años más de prisión por otras dos tentativas de asesinato contra miembros de una banda rival.

Los costos de mantenimiento de todas estas propiedades incluyen el componente de seguridad. Si están dentro de un condominio, el resguardo es más simple; pero si están en vía pública o en sitios conflictivos, el ICD debe contratar algún oficial privado. “Es parte de las obligaciones que tenemos nosotros como depositarios judiciales”, explicó Ramírez.

El ICD también puede decidir que no conviene asumir una propiedad en depósito judicial provisional, como ocurre con la casa de cinco pisos de Dennis Cabrera Espinoza, conocido como Manzanita, ubicada en León XIII de Tibás.

Ramírez explicó que la estrafalaria residencia no tenía un interés económico definido, al estar construida sobre diferentes derechos de propiedad. A esto se suma la dificultad de que aparezcan personas interesadas en comprar bienes inmuebles en la ciudadela León XIII.

Sin embargo, esta casa podría quedar bajo custodia del ICD, eventualmente, si así lo determinara el Tribunal Penal en la sentencia del juicio que sigue contra Manzanita por narcotráfico, legitimación de capitales y homicidio.

No todas las fincas terminarían siendo subastadas, pues en ocasiones son donadas a instituciones públicas que expresan interés en la propiedad, y que tienen prioridad sobre los oferentes. Por ejemplo, el OIJ presentó la solicitud para tomar control de una casa en Cieneguita de Limón, la cual se encuentra en actualización de avalúo como paso previo a que se realice el traspaso.